La economía argentina atraviesa una compleja etapa para su sector productivo, que se traduce en el cierre continuo de pequeñas y medianas empresas. Desde el inicio de la actual administración, desaparecieron más de 24 mil firmas, lo que implica un promedio de más de una empresa que cierra cada hora. Este nivel de destrucción empresarial supera incluso los cierres durante la pandemia y cualquier periodo comparable desde 1996.

La reducción del tejido productivo se concentra esencialmente en las pymes, aquellas con hasta 500 empleados, que explican más del 99% de las liquidaciones. Los sectores más golpeados son el transporte y almacenamiento, comercio y reparación de vehículos, actividades inmobiliarias, la industria manufacturera y la construcción. Dentro de la industria, destacan las cadenas productivas del cuero, calzado, madera e indumentaria, con caídas de hasta un 19% en la cantidad de empresas.

Geográficamente, la provincia de Buenos Aires lidera la pérdida absoluta de firmas, seguida por Córdoba y Santa Fe. En términos relativos, las provincias de La Rioja, Catamarca y Chaco presentan los mayores retrocesos. La única excepción a la contracción productiva fue Neuquén, impulsada por el desarrollo del yacimiento petrolífero "Vaca Muerta", donde crecen las empresas y el empleo, reflejando así un modelo orientado hacia enclaves extractivos.

Las causas del cierre masivo son múltiples. Las altas tasas de interés reales durante gran parte del período limitaron el capital de trabajo de las pymes. Al mismo tiempo, un dólar planchado encareció la actividad productiva local frente a las importaciones, afectando la competitividad. Además, la reducción del poder adquisitivo salarial impactó en la demanda interna, mientras que la paralización de la obra pública arrastró negativamente al sector de la construcción y sus cadenas asociadas.

Esta situación se acentúa por un modelo económico que privilegia sectores extractivos y enclaves productivos, sin rebalancear beneficios hacia las pymes que generan empleo y tributos. La Encuesta de la Industria Manufacturera del INDEC reveló que más de la mitad de los industriales identifican a la insuficiencia de la demanda interna como el principal obstáculo para aumentar la producción, un problema mucho más grave que la competencia con productos importados.

El uso de la capacidad instalada en la industria alcanzó el nivel más bajo desde la crisis de 2002, situándose alrededor del 55%. Por otra parte, pese a la reducción puntual en las tasas de interés, la morosidad empresarial no dejó de crecer: la irregularidad en el pago de créditos alcanzó niveles más del triple que en el año anterior, dificultando aún más la financiación de las empresas.