La Legislatura de Mendoza sancionó una ley que transforma criterios claves sobre cuándo un policía puede usar armas de fuego. Esta normativa incorpora la figura de “peligro inminente” para autorizar el disparo no solo en defensa propia, sino también ante riesgos de muerte o lesiones graves que aún no se hayan concretado.
El cambio legal actualiza la Ley 6722 y amplía las facultades de intervención de las fuerzas de seguridad en situaciones de riesgo, incluyendo la posibilidad de frenar delitos graves o detener a personas que resistiesen la autoridad y representen una amenaza. La redefinición del concepto de peligro inminente abarca casos donde la persona porte un arma real o una réplica, así como armas blancas, o exhiba conductas que presuman un ataque inminente.
Además, la ley establece un régimen de protección para los policías investigados en procedimientos relacionados con el uso de la fuerza. En esos casos no podrán aplicarse sanciones disciplinarias si hay indicios razonables de legalidad en la actuación, salvo que exista una resolución judicial firme en contrario. Este punto busca brindar respaldo jurídico al accionar policial y reducir la incertidumbre frente a investigaciones administrativas.
La reforma también extiende las funciones de la policía, incorporando tareas específicas de vigilancia, prevención de conflictos, protección de funcionarios y mantenimiento del orden público. Sus defensores argumentan que estos cambios proporcionan mayor seguridad jurídica a los efectivos en su labor cotidiana.
Sin embargo, la ampliación de criterios para valorar riesgos potenciales antes de que se consumen agresiones ha generado debate público. Sectores críticos alertan sobre la posibilidad de interpretaciones ambiguas en algunos conceptos, lo que podría complicar el control del uso legítimo de la fuerza policial.