Una comitiva argentina integrada por legisladores nacionales y activistas de derechos humanos fue deportada por el gobierno de Bolivia cuando intentaba supervisar denuncias de violaciones a los derechos humanos en ese país. Tras ser retenidos en el aeropuerto de El Alto, los integrantes de la misión fueron obligados a abordar un vuelo hacia la ciudad de Santa Cruz y luego repatriados a Argentina.
Entre los deportados se encontraban el diputado nacional Juan Marino, la legisladora Vanina Biassi, la secretaria general del gremio docente Ademys Soledad Mosquera, y representantes de organizaciones como la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Los pasaportes fueron retenidos y se les negó la posibilidad de llevar adelante las tareas de fiscalización para las que habían sido invitados.
Representantes de la misión denunciaron haber sufrido una detención ilegal y trato represivo. Vanina Biassi calificó la situación como un secuestro y aseguró que el gobierno de Bolivia opera bajo una «verdadera dictadura militar» que pretende instaurar un estado de sitio. Alejandrina Barry, otra de las afectadas, informó que intentaron forzarles a firmar documentos con acusaciones falsas sobre los motivos del viaje.
Desde Argentina, el jefe del bloque de Diputados del Frente Patria Germán Martínez solicitó que se garantice la libertad y seguridad de Marino y destacó que la misión fue convocada para relevar la represión estatal que limita el derecho a la protesta en Bolivia. En respuesta, la Misión Humanitaria emitió un comunicado en el que calificó la expulsión como una acción política que viola la Constitución boliviana y tratados internacionales de derechos humanos.
La misión argentina había llegado con el objetivo explícito de documentar irregularidades y arbitrariedades relacionadas con la represión de manifestantes en Bolivia, un contexto marcado por denuncias persistentes sobre la vulneración de derechos fundamentales en el país vecino.