La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó su desacuerdo con las reformas tributarias impulsadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), centrando su rechazo en las medidas que impactarían directamente sobre los trabajadores, pequeños contribuyentes y el consumo doméstico.

Entre las propuestas rechazadas por CAME figuran la ampliación de la base del Impuesto a las Ganancias para asalariados, la extensión del alcance del IVA y modificaciones en el régimen del Monotributo. La entidad consideró que estas reformas resultan regresivas porque reducen el poder adquisitivo y elevan los costos de la formalidad para los sectores de menores recursos.

En contraposición, CAME señaló que el FMI no toma en cuenta la carga tributaria que ejercen los impuestos provinciales y municipales, en especial el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y las tasas locales. Según la entidad, esta tributación subnacional es uno de los principales obstáculos para la competitividad del sector empresarial, ya que puede representar un costo equivalente a un porcentaje significativo sobre las ventas brutas, independiente de la rentabilidad.

Uno de los puntos más críticos que resaltó CAME es el sistema de retenciones y percepciones provinciales, que, por generar saldos a favor difíciles de recuperar, funcionan como un financiamiento forzado para los gobiernos locales. En contextos inflacionarios, esta situación implica una merma de capital de trabajo para las empresas, afectando su liquidez.

Ante esta realidad, CAME propuso la convocatoria a un nuevo consenso fiscal entre el Estado nacional, las provincias y los municipios para reformar estructuralmente el sistema tributario subnacional. Entre las principales medidas se destacan la armonización de las bases imponibles, la unificación de criterios para retenciones y percepciones, y la implementación de mecanismos más ágiles para la devolución de saldos a favor.

Asimismo, la entidad planteó que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos debería concentrarse exclusivamente en la venta final al consumidor, eliminando así el «efecto cascada» que incrementa los costos a lo largo de toda la cadena productiva.

Desde CAME insistieron en que una presión impositiva mayor sobre los trabajadores no contribuiría a una recuperación económica equitativa, proponiendo en cambio revisar la estructura tributaria para fortalecer la formalidad y la competitividad del sector privado.