El foco de la controversia tributaria en Argentina no radica en ampliar la base impositiva sobre los salarios o el consumo, sino en revisar profundamente la presión fiscal que ejercen los impuestos provinciales y municipales, advirtió la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Recientemente, el Fondo Monetario Internacional propuso ampliar el alcance del Impuesto a las Ganancias para trabajadores, incluir en el IVA bienes y servicios hoy exentos, y reformar el Monotributo elevando sus categorías. Sin embargo, estas medidas afectarían principalmente a asalariados, pequeños contribuyentes y el consumo interno sin aliviar la carga a las empresas. Esto genera preocupación al reducir el poder adquisitivo y encarecer la formalidad, justo en sectores de bajos ingresos.
Según CAME, el verdadero obstáculo para la inversión y el empleo formal en Argentina está en el sistema tributario subnacional, que combina el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) provincial y las tasas municipales que, en conjunto, representan un gravamen significativo sobre las ventas brutas de las empresas, independientemente de su rentabilidad. A diferencia del Impuesto a las Ganancias, que tributa sobre utilidades reales, el IIBB es un impuesto en cascada que se aplica en cada etapa de la producción y comercialización, impactando negativamente en los costos y competitividad.
Uno de los puntos más críticos de este sistema es el régimen de retenciones y percepciones provinciales, que obliga a las empresas a adelantar pagos que suelen superar el impuesto final a declarar, generando saldos a favor que no pueden compensar íntegramente. Esto agrava la presión fiscal y complica la liquidez de las pymes.
Por ello, CAME propone la convocatoria urgente de un Nuevo Consenso Fiscal que involucre al Gobierno nacional, las provincias y los municipios, con el objetivo de promover una reforma estructural del sistema tributario subnacional para aliviar esta carga que frena la actividad económica.
Este planteo subraya la diferencia entre el impacto fiscal que sufren los asalariados y pequeños contribuyentes, propuesto por el FMI, y la realidad de las empresas que soportan impuestos distorsivos a nivel provincial y municipal, considerados más dañinos para la producción y el empleo.