La minería argentina atraviesa una etapa crítica, marcada por una fuerte merma en la actividad de minerales industriales como cal, cemento, piedra y arena, fundamentales para el empleo en el interior del país. Esta caída está vinculada a la paralización de la obra pública estatal, que reduce la demanda y afecta directamente a pequeños y medianos proveedores con maquinaria ociosa. El sector opera a menos de la mitad de su capacidad, según alertaron representantes gremiales durante un congreso regional.
El régimen de incentivo a las grandes inversiones (RIGI), orientado especialmente a proyectos mineros de gran capital, es otro foco de preocupación. Aunque inicialmente diseñado para atraer inversión extranjera, el RIGI ha sido cuestionado por generar beneficios fiscales comparativamente desproporcionados y permitir la repatriación rápida de ganancias. Esta situación aumenta las dudas sobre si Argentina apuesta a una minería exportadora sin valor agregado ni aportes significativos a las economías locales.
Además, recientes cambios en la Ley de Glaciares que transfieren la regulación de áreas sensibles a las provincias provocaron inquietud en el sector. La posibilidad de negociaciones provinciales para liberar territorios estratégicos de permafrost, fuente de agua dulce, pone en riesgo el equilibrio ambiental y el recurso hídrico, elemento clave para la actividad minera y comunidades cercanas.
Este escenario de incertidumbre y restricciones pone en evidencia tensiones entre el desarrollo económico, la gestión ambiental y la protección del empleo en las regiones mineras. La minería metalífera y el litio, pilares para la internacionalización del sector, deben afrontar el desafío de operar bajo reglas que equilibran incentivos y control social.