La incorporación de armas de letalidad reducida para personal civil en San Isidro generó una fuerte controversia. Diego Montivero, presidente de la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante, rechazó la medida y señaló que asignar estas armas a empleados municipales sin una regulación clara crea un escenario de riesgo y descontrol.
Montivero afirmó que el municipio de San Isidro opera en un marco «gris» debido a la ausencia de un plan integral de seguridad ciudadana. El edil defendió la necesidad de dotar a las fuerzas comunales de herramientas preventivas, pero remarcó que esta dotación debe estar acompañada de un proceso riguroso de formación, supervisión y control policial.
En este sentido, reclamó que el personal civil que utiliza dispositivos como pistolas eléctricas o elementos de gas lacrimógeno debe capacitarse conforme a estándares profesionales, como los establecidos en la Escuela Vucetich, y someterse a exámenes operativos y psicotécnicos periódicos. Para garantizar la legalidad y efectividad del sistema, propuso que la Policía de la Provincia sea la entidad encargada de certificar y controlar a estos agentes.
Además, Montivero vinculó el debate sobre seguridad con la situación laboral del personal municipal y cuestionó al intendente Ramón Lanús por priorizar acciones con fines publicitarios antes que mejorar las condiciones salariales de los trabajadores. Consideró que el gobierno local realiza un «show» de seguridad con demandas propias de fuerzas de élite, pero sin reconocer ni dignificar la labor de sus agentes civiles.
Para el concejal, la seguridad en San Isidro es un asunto complejo que requiere responsabilidad legislativa y un control cuidadoso, para evitar poner en riesgo tanto a los ciudadanos como a los empleados municipales. Por ello, su espacio político se comprometió a no avalar medidas que respondan solo a intereses mediáticos y que puedan comprometer la integridad de la comunidad.
Finalmente, Montivero pidió avanzar en una reforma integral de la Ley Provincial de Seguridad 12.154 que regule adecuadamente las funciones, la profesionalización y la supervisión de las fuerzas comunales, asegurando un manejo responsable y seguro en la materia.