En un contexto tenso por la reciente eliminación de compensaciones para pasajes gratuitos de larga distancia promovida por el gobierno nacional, una diputada bonaerense avanzó con una propuesta concreta para beneficiar al transporte de personas con discapacidad. Margarita Recalde presentó un proyecto para eximir de impuestos al sector, que enfrenta actualmente una situación económica crítica y carece de un marco legal específico en la provincia de Buenos Aires.
El proyecto propone excluir del pago de Ingresos Brutos a los ingresos derivados exclusivamente del servicio de transporte automotor de personas con discapacidad. La iniciativa destaca la necesidad de contemplar este tipo de transporte dentro de las exenciones que ya establece el Código Fiscal provincial, con el fin de aliviar la carga financiera que pesa sobre quienes prestan estos servicios.
Según Recalde, esta actividad cumple un rol social fundamental al facilitar el traslado de personas con discapacidad a terapias, tratamientos médicos, centros educativos, talleres protegidos y hogares, fortaleciendo la confianza y los vínculos con las familias. Subraya además que el transporte es clave para derribar barreras sociales y promover la inclusión, por lo que los gobiernos nacional y provincial deben implementar políticas públicas que respalden este derecho.
La diputada fundamenta su propuesta en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en la ley nacional 24.901, que reconocen el acceso al transporte como un derecho. Sin embargo, advierte que en Buenos Aires el sector se encuentra desprotegido y enfrentando dificultades desde 2024, debido a recortes presupuestarios, estigmatización y medidas administrativas perjudiciales tanto para usuarios como para trabajadores.
La iniciativa busca responder a un estado crítico que afecta a las personas con discapacidad y a sus asistentes, quienes dependen directamente del transporte para garantizar su movilidad y acceso a servicios esenciales. Conforme al planteo, la exención fiscal aliviaría la crisis financiera que atraviesa el sector, facilitando la continuidad del servicio y la atención a esta población vulnerable.