Colombia registró la tasa de pobreza más baja de su historia reciente, con una caída al 28% según datos oficiales, lo que implicó que casi 1.8 millones de personas superaron esa condición en un solo año. Además, disminuyeron la pobreza extrema y la desigualdad de ingresos, lo que refleja un progreso social y económico destacado.
Sin embargo, en las elecciones presidenciales recientes, los votantes eligieron a Abelardo De La Espriella, un candidato de derecha con una plataforma nacionalista y conservadora, en abierta oposición a las políticas del presidente saliente Gustavo Petro. Este resultado evidencia que mejoras socioeconómicas importantes no garantizan necesariamente la continuidad política del gobierno responsable de ellas.
Este fenómeno no es exclusivo de Colombia. Países de América del Sur como Argentina, Chile y Ecuador también han experimentado ciclos electorales donde gobiernos progresistas alternan con administraciones conservadoras. En muchos casos, el avance social modifca las prioridades y expectativas de la población, especialmente de quienes han ascendido a la clase media, quienes tienden a proteger su nuevo estatus, lo que dificulta la sustentabilidad política de las agendas progresistas.
Una excepción significativa es México, donde la continuidad del proyecto político de izquierda se mantuvo tras la elección de Claudia Sheinbaum, sucesora de Andrés Manuel López Obrador. El apoyo sostenido se atribuye no solo a los resultados de las políticas, sino también a una construcción de identidad política basada en un humanismo mexicano, que va más allá de las tradicionales etiquetas ideológicas.
El contraste entre México y otros países sudamericanos sugiere que el éxito político a largo plazo de proyectos progresistas puede depender tanto del desempeño socioeconómico como de la forma en que se articula la identidad política frente a la ciudadanía, especialmente en contextos donde el avance social transforma la composición y los intereses de la sociedad.