El oficialismo consiguió la aprobación de una ley clave para la economía argentina al avalar el pago de más de 170 millones de dólares a los holdouts, los fondos buitre que mantienen bonos en default desde 2001. Esta decisión cierra uno de los capítulos judiciales pendientes más largos vinculados a la deuda externa del país.
Tras obtener media sanción en el Senado, la Cámara de Diputados convirtió la iniciativa en ley con una mayoría significativa de votos. El acuerdo regula el desembolso a Bainbridge Ltd. y al grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP, comprometidos en recibir 67 y 104 millones de dólares respectivamente. La propuesta establece una quita mayor al 30% sobre las sumas exigidas originalmente y evita el pago de intereses punitorios bajo la ley de Nueva York, además de cancelar pasivos litigiosos a un costo menor que una ejecución judicial.
Este avance legal es fundamental para la estrategia económica del ministro Luis Caputo, ya que permite levantar trabas impuestas por los acreedores, facilitando futuras operaciones de deuda. Para el gobierno de Javier Milei, el cierre del conflicto representa un logro político destacable en medio de otras tensiones internas. Este acuerdo también busca enviar una señal positiva a los mercados internacionales, un aspecto crítico tras la reciente decisión del MSCI de mantener a Argentina en la categoría «standalone», la más baja dentro de sus índices bursátiles.
La sanción de esta ley despeja así un obstáculo financiero y legal que condicionaba la recuperación económica del país y fortalece la gestión oficialista, que ahora puede presentar la resolución del problema de los holdouts como un paso importante en la normalización del acceso a los mercados internacionales.