El Gobierno nacional oficializó la prórroga por dos años de la emergencia en el sistema penitenciario federal debido a la sobrepoblación y las dificultades estructurales que atraviesan las cárceles del país. Esta medida quedó establecida mediante la Resolución 439/2026, firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
Actualmente, las prisiones federales albergan a 12.248 personas, cifra que supera la capacidad operativa máxima estimada en 10.932 plazas, lo que refleja un nivel de ocupación superior al 100%. Esta saturación mantiene una presión constante sobre el sistema, evidenciada también en la llegada de más de 15.000 nuevos detenidos entre fines de 2023 y el primer trimestre de 2026.
Además, existe una lista de espera de más de 5.000 personas bajo arresto domiciliario o en otros establecimientos, aguardando un lugar disponible para ser trasladadas a las cárceles federales. En este contexto, el 61,83% de la población carcelaria está condenada con sentencia firme, mientras que el 38,17% permanece procesada sin fallo definitivo.
Un factor crucial identificado en el informe oficial es el impacto del funcionamiento del fuero penal ordinario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) sobre el Sistema Penitenciario Federal. La falta de autonomía total de la justicia porteña obliga al SPF a custodiar a detenidos vinculados a causas ordinarias de CABA, que hoy representan casi la mitad de los internos federales, con 5.983 personas.
Esta situación complica el manejo de la capacidad carcelaria, ya que se destinan plazas a internos que no pertenecen estrictamente al fuero federal, reduciendo los espacios disponibles para casos de jurisdicción nacional y delitos complejos.