El gobierno de Entre Ríos dio un giro en la normativa que regula las tareas adicionales de la Policía, prohibiendo que los agentes realicen este tipo de trabajo durante sus horas de servicio y limitándolos exclusivamente a sus días de franco. Esta medida busca evitar la sobrecarga laboral y proteger la operatividad de las comisarías ante denuncias recientes por desvío de fondos en la División 911.
La reforma, oficializada por un decreto firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Seguridad y Justicia Néstor Roncaglia, elimina una disposición previa de 2019 conocida como “80/20”, que autorizaba a los policías a hacer adicionales simultáneamente con sus guardias regulares. Bajo esta figura, los agentes recibían solo una quinta parte del pago, mientras que el resto se destinaba a un fondo interno policial.
Ahora, el nuevo sistema busca transparentar y optimizar el uso del personal en seguridad pública, asignando el 95% de lo recaudado por adicionales a los propios policías, mientras que el restante pasa a mantenimiento de recursos y patrullas. La inscripción para realizar adicionales sigue siendo voluntaria, pero exige un registro previo para garantizar el control administrativo y evitar irregularidades.
Este ajuste llega en un contexto de investigaciones judiciales contra miembros de la División 911, donde se denunciaron irregularidades en la gestión de adicionales. Aunque ocho policías fueron señalados, el jefe de la División 911, Juan Zunino, permanece en su cargo, y una medida cautelar impide sumariarlos mientras continúa el análisis de la Fiscalía sobre la evidencia recolectada.
Con esta medida, las autoridades provinciales priorizan que los policías cumplan con exclusividad su tarea en las horas oficiales de servicio y solo realicen adicionales en sus días libres, evitando conflictos de intereses y posibles abusos del sistema.