El Ejecutivo nacional prorrogó la emergencia energética hasta el último día del mandato de Milei, específicamente hasta el 31 de diciembre de 2027. Esta medida afecta a la generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal, consolidando un marco excepcional para el sector.

La decisión oficializó la tercera extensión consecutiva de esta emergencia, que originalmente fue declarada mediante el Decreto 55/2023. A su vez, se suma a la prórroga separada para el transporte y distribución de gas natural, establecida por el Decreto 49/26 con igual vigencia. Ambas disposiciones se comunicaron formalmente a la Comisión Bicameral permanente del Congreso.

El nuevo decreto se apoya en normativas vigentes como la Ley 15.336/60 de Energía Eléctrica y la Ley 24.065/91 del marco regulatorio para el sector eléctrico, que otorgan a la Secretaría de Energía la autoridad para aplicar y supervisar la política energética nacional. Esta última ley establece objetivos claros que incluyen la protección de los usuarios, la competitividad del mercado, y la promoción de inversiones privadas tanto en generación como en transporte y distribución.

Entre las metas de política energética se destacan la garantía de tarifas justas, la confiabilidad del sistema eléctrico, así como el incentivo del abastecimiento y uso eficiente de la electricidad. Además, el marco regula el libre acceso y la no discriminación en la operación técnica del sistema eléctrico.

Este decreto también retoma el régimen transitorio fijado por el Decreto 450/25, que establece un período de 24 meses para adaptar la normativa complementaria a las modificaciones recientes en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y en el sector de generación de energía. Este plazo vencerá en julio de 2027, poco antes del fin de la emergencia energética.

Durante este período de transición, la Secretaría de Energía debe emitir regulaciones destinadas a:

  • Impulsar la desconcentración del sector, en sus dimensiones vertical, horizontal e intersectorial, para fomentar la competencia en el mercado de hidrocarburos.
  • Garantizar la regularización en el cobro de contratos con distribuidores eléctricos.
  • Establecer mecanismos que mejoren la eficiencia en la remuneración de la generación térmica, especialmente en la compra de combustibles como gas natural, gas natural licuado y gas oil.

Estas medidas buscan facilitar un mercado más competitivo y eficiente, en línea con las reformas regulatorias recientes que apuntan a asegurar un suministro energético sostenible y confiable para el país.