El Gobierno presentó un proyecto que busca modificar la Ley de Inocencia Fiscal (LIF) para ampliar el universo de contribuyentes que pueden acogerse al régimen simplificado y flexibilizar los controles fiscales. La iniciativa elimina los topes de ingresos y patrimonios que hasta ahora restringían el acceso a los beneficios, lo que permitirá que más personas puedan adherir a la declaración simplificada del Impuesto a las Ganancias (DSig).
Esta medida responde, en parte, a las recomendaciones de profesionales contables y busca promover la remonetización de la economía incentivando a los contribuyentes a sacar sus dólares “del colchón”, según afirmó un funcionario económico clave. Aunque el borrador conocido podría ser sujeto a cambios por parte del Ejecutivo, la reforma intenta resolver la falta de seguridad jurídica que afectaba al régimen y potenciar la adhesión al sistema, que ya cuenta con la participación de diversos contribuyentes, incluido un funcionario público y su cónyuge.
El proyecto también modifica las condiciones bajo las cuales se aplican las discrepancias significativas (DS), que antes podían expulsar a un contribuyente del régimen simplificado. Ahora, estas diferencias no operarán si son inferiores a un porcentaje determinado del umbral fijado por la ley penal tributaria o si el contribuyente rectifica y paga las diferencias dentro de los quince días posteriores a la notificación de las liquidaciones de oficio. Esta disposición tiende a minimizar las causales de exclusión y relaja el control fiscal.
Asimismo, se corrige una omisión en la ley respecto a las presunciones asociadas a depósitos bancarios como mecanismo para configurar discrepancias significativas. La reforma limita la aplicación de estas presunciones solo cuando se basen en información declarada por el propio contribuyente o disponible en los sistemas de fiscalización, lo que reduce la presión sobre los adherentes.
Otra novedad es que el cálculo del margen de discrepancias que pueden favorecer al contribuyente se aplicará sobre el saldo del impuesto determinado y no sobre el saldo a ingresar, ampliando el margen de maniobra para quienes integran el régimen simplificado. Además, se reafirma que la carga de la prueba sobre la existencia de discrepancias corresponde a la autoridad fiscal, aunque con el nuevo esquema este poder fiscalizador se ve debilitado.
En definitiva, estas modificaciones buscan consolidar un «blanqueo popular permanente» que permita una mayor inclusión de contribuyentes, reducir la conflictividad fiscal y otorgar mayor certeza jurídica para estimular la normalización de activos y operaciones financieras.