El Gobierno nacional presentó un proyecto para derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como ley de etiquetado frontal, que desde 2021 exige colocar octógonos negros en productos con altos niveles de azúcar, sodio, grasas o calorías. La iniciativa, firmada por el presidente, el jefe de Gabinete y el ministro de Salud, ya provocó reacciones en diferentes sectores políticos y productivos.

Las autoridades sostienen que el sistema actual no distingue correctamente entre alimentos con distintas composiciones nutricionales y que el modelo de advertencias binarias limita la posibilidad de reflejar mejoras progresivas en los productos. Además, cuestionan las restricciones sobre publicidad y diseño de envases porque generan obstáculos significativos para las estrategias comerciales de la industria alimentaria.

Entre los argumentos de la propuesta también figura el impacto económico para pequeñas y medianas empresas. El Ejecutivo advierte que los costos asociados a la adecuación de envases, líneas de producción y procesos técnicos podrían favorecer la concentración del mercado en manos de grandes compañías con más recursos financieros, poniendo en riesgo la competitividad del sector.

Desde la Casa Rosada explicaron que la derogación busca reemplazar el actual sistema por uno más flexible, uniforme y alineado con nuevos avances en nutrición, pero sin abandonar los objetivos de salud pública ni la protección al consumidor.

No obstante, en el Senado surgieron críticas y pedidos de precaución. Legisladores que promueven el diálogo indicaron que la iniciativa no tiene carácter urgente y manifestaron su intención de convocar a especialistas y representantes de la industria antes de avanzar. Algunos reconocieron que la ley podría tener aspectos mejorables, pero advirtieron que eliminarla por completo podría ser contraproducente debido a la aceptación y grado de implementación que ya posee el etiquetado.

Mientras se espera que la propuesta ingrese a las comisiones correspondientes, la discusión instala un nuevo capítulo en la búsqueda de un equilibrio entre la regulación sanitaria, los derechos de los consumidores y el impacto económico en el sector alimentario.