El Ejecutivo envió al Congreso un proyecto que propone la derogación total de la Ley de Etiquetado Frontal, normatividad conocida como Ley N° 27.642. La iniciativa ingresó al Senado con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones y busca eliminar desde su publicación los octógonos negros y las restricciones vinculadas a publicidad, ambientes escolares y envases con personajes infantiles.
El gobierno critica el sistema actual por aplicar parámetros uniformes sin distinguir entre distintos tipos de alimentos ni considerar las porciones consumidas o su densidad nutricional, lo que provoca advertencias equivalentes para productos tradicionales y ultraprocesados, generando confusión en los consumidores. Además, señalan que el modelo binario —que solo indica si un alimento contiene o no ciertos nutrientes limitados— no incentiva mejoras parciales de las empresas en la calidad nutricional de sus productos.
El proyecto también hace hincapié en los problemas derivados de la falta de armonización del etiquetado frontal dentro del Mercosur, lo que obliga a las compañías a fabricar embalajes diferenciados y afecta de manera desproporcionada a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), incrementando sus costos y dificultando la competencia frente a grandes industrias.
Otro punto cuestionado es la rigidez normativa, ya que muchos aspectos técnicos fueron incorporados directamente a la ley, lo que dificulta su adaptación ágil a nuevos consensos científicos internacionales o a actualizaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA). No obstante, el proyecto aclara que la obligación de informar datos nutricionales tradicionales como el valor energético, azúcares, grasas y sodio en los envases seguirá vigente bajo el Código Alimentario Argentino.