La agenda legislativa nacional incluirá un día decisivo con el debate de dos proyectos promovidos por el Gobierno que buscan fortalecer la transparencia institucional y atraer capital privado a áreas estratégicas de la economía. Primero, se analizará una ley que regula la gestión de intereses públicos, y posteriormente se pondrá en consideración un régimen especial para favorecer inversiones significativas en sectores con alto impacto tecnológico y energético.
El proyecto sobre la regulación del lobby propone crear un marco legal para la representación de intereses ante funcionarios y legisladores nacionales, algo común en democracias avanzadas pero sin normativas claras en Argentina. Este régimen establece un Registro Público de Gestiones e Intereses donde deberán inscribirse todas las personas que realicen actividades de lobby o representación sectorial. Además, exige el detalle de clientes o beneficiarios, las reuniones con funcionarios incluyendo fecha, modalidad y temas tratados.
Los funcionarios y legisladores estarán obligados a publicar los encuentros con gestores de intereses y a brindar información sobre esos contactos. La norma contempla sanciones económicas que podrían alcanzar centenas de salarios mínimos para los infractores, y prevé penas de prisión e inhabilitación en casos de representación no declarada de intereses extranjeros. Desde el oficialismo confían en lograr apoyos de distintos bloques opositores dados los acuerdos sobre la necesidad de transparentar el lobby en el país.
En paralelo, se debatirá el «Súper RIGI», que extiende y profundiza los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones aprobado recientemente. Esta iniciativa apunta a sectores estratégicos vinculados con tecnología y energía, buscando atraer desembolsos millonarios para proyectos en litio, uranio, producción de baterías, hidrógeno verde, vehículos eléctricos, turbinas eólicas, paneles solares, reactores nucleares modulares, semiconductores e inteligencia artificial.
El régimen propone facilidades específicas para potenciar la inversión privada en estos campos clave para el desarrollo nacional y la innovación, con el objetivo de reforzar la competitividad y la sustentabilidad. La sesión conjunta de las comisiones de Presupuesto, Industria y Ciencia y Tecnología evaluará el alcance de estos incentivos.