El principal aliado legislativo de La Libertad Avanza, el PRO, publicó un comunicado que marca distancia respecto a la gestión encabezada por Javier Milei. En un contexto de crisis política por la investigación judicial al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito, el partido que lidera Mauricio Macri subrayó la importancia de que el progreso económico no se limite a cifras sino que se traduzca en mejoras reales para la población.
En el texto, el PRO insistió en que acompañar un cambio no significa avalar todo sin cuestionamientos, especialmente cuando los resultados visibles para la mayoría de la ciudadanía no coinciden con las estadísticas oficiales. Señalaron que existe una brecha dolorosa entre “que los grandes números mejoren y que tu vida mejore”, una diferencia que genera desgaste y malestar social cuando no se escucha el sufrimiento de la gente ni se reconoce su sacrificio.
El comunicado también identificó dos enemigos fundamentales del proceso de transformación que pregona el oficialismo. En primer lugar, advirtieron contra el “populismo de siempre”, una referencia implícita al kirchnerismo, al que acusaron de prometer cambios que terminan destruyendo avances. En segundo lugar, cuestionaron a quienes dentro del propio movimiento de cambio actúan con “soberbia” o piden sacrificios que ellos mismos no están dispuestos a cumplir, aludiendo en forma velada al jefe de Gabinete investigado.
El PRO reafirmó que su apoyo al Gobierno no es incondicional ni acrítico. Recalcaron que respaldar un cambio implica señalar las falencias, decir la verdad aunque resulte incómoda y exigir el cumplimiento de las promesas pendientes. En ese sentido, anunciaron que su rol será el de vigilar la gestión pública para que el plan de gobierno cumpla con sus objetivos planteados.
La publicación concluyó con una promesa orientada a llevar los beneficios macroeconómicos al terreno cotidiano: fortalecer infraestructuras como rutas y hospitales, mejorar la educación y proteger los logros conseguidos mientras se avanza en lo que falta implementar. Esta declaración se difundió luego de que trascendieran movimientos patrimoniales del funcionario involucrado en la causa judicial, incluyendo inversiones en criptomonedas y adquisición de propiedades, que generaron críticas internas y un desgaste en la imagen del Gobierno.