Jujuy dio un paso decisivo hacia la mayor transparencia en su sector minero al comenzar a entrenar a sus equipos técnicos en la aplicación del estándar internacional EITI (Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas). Esta metodología promueve la apertura y seguridad jurídica en la gestión de recursos naturales, aportando datos claros y sistemáticos sobre la producción, los pagos fiscales y los beneficios estatales derivados de la actividad minera.

Tras sumarse oficialmente a esta red global en 2025, Jujuy se convirtió en la séptima provincia argentina en adoptar el estándar EITI, junto a Catamarca, Salta, Santa Cruz, San Juan, Río Negro y Mendoza. El proceso formativo denominado «EITI: de la adhesión a la implementación» contó con el apoyo técnico de Fundar y la participación de entidades provinciales como Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), la Secretaría de Minería e Hidrocarburos y la Dirección de Minería.

La implementación obliga a los organismos públicos a publicar periódicamente información clave sobre la exploración y explotación minera, incluyendo niveles de producción, pagos realizados por las empresas y los ingresos reales que recibe el Estado. Este compromiso con la transparencia busca fomentar un ambiente de previsibilidad jurídica que fortalezca la confianza de los inversores.

A nivel nacional, la estructura operativa del EITI se desarrolla a través de un Grupo Multipartícipe, que integra de manera equitativa a representantes del Estado, del sector empresarial y de la sociedad civil. En este marco, Jujuy, junto con Santa Cruz, fue elegida para representar la perspectiva provincial, incorporando la voz local en la formulación de políticas de gobernanza minera en Argentina.

El ministro de Minería de Jujuy explicó que la adopción del estándar internacional responde a una decisión estratégica para posicionar a la provincia como una de las jurisdicciones más confiables para la inversión minera. Además, la apertura de datos operativos y económicos busca fortalecer la relación con las comunidades y los trabajadores de las zonas donde se desarrollan proyectos extractivos.