El presidente Javier Milei impulsa un nuevo mecanismo para que el Estado argentino se “apague” cuando se termine el financiamiento presupuestario, una medida basada en el sistema de cierres gubernamentales que se aplica en Estados Unidos. Según explicó, este dispositivo obligaría a las dependencias estatales a suspender automáticamente sus funciones si no cuentan con recursos, poniendo fin a operaciones hasta que se restablezca la financiación.

Este proyecto forma parte de un paquete integral de reformas que el Ejecutivo ultima junto al ministro de Economía, al gobernador del Banco Central y a funcionarios encargados de la desregulación estatal. Dentro de las propuestas también se incluye prohibir de forma explícita y con sanciones penales que el Banco Central financie al Tesoro mediante emisión monetaria, para evitar lo que Milei considera “un fraude contra la sociedad” y un uso indebido del dinero público.

El mecanismo de “cierre” que propone Milei se inspira en la práctica que Estados Unidos enfrenta cuando el Congreso no aprueba a tiempo el presupuesto federal. En esos casos, las agencias no esenciales interrumpen sus actividades y el funcionamiento gubernamental queda paralizado hasta que se resuelva la financiación, generando impactos significativos en la administración pública.

En Argentina, la implementación de esta herramienta debe adaptarse a la Constitución, que distribuye la potestad presupuestaria entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Por ahora, el equipo del presidente analiza cómo aplicar esta dinámica al sistema político local, sin detallar aún los procedimientos concretos para activar los cierres automáticos.

Además, el conjunto de reformas en estudio incluye cambios en los estatutos del Banco Central y modificaciones en la regulación de los mercados de capitales. El paquete busca corregir, según Milei, décadas de “fraude político” y fortalecer la independencia financiera y económica del Estado, bajo un marco de mayor control y penalización para conductas que involucren manejo irregular de fondos públicos.

La propuesta fue presentada inicialmente a los legisladores de La Libertad Avanza, partido que respalda al presidente, y avanza con la intención de modificar aspectos claves del funcionamiento económico y administrativo del país.