La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal dispuso reabrir la investigación sobre la represión sufrida por jubilados durante una marcha pacífica frente al Congreso. El tribunal consideró arbitraria la decisión previa de archivar la causa, impulsada por el fiscal Eduardo Taiano, y además apartó a los jueces federales que habían intervenido en el proceso. Esta resolución busca esclarecer la responsabilidad de todos los agentes involucrados en el operativo policial.
El fallo se basó en imágenes registradas por el canal TN, que muestran el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad contra manifestantes jubilados que no ejercían resistencia. El magistrado Alejandro W. Slokar destacó que la intervención policial no garantizó los derechos constitucionales a la libertad de expresión ni a la reunión, sino que actuó como un obstáculo injustificado. Además, alertó sobre un modelo de respuesta represiva que afecta negativamente la participación ciudadana y el debate democrático.
Slokar citó estándares internacionales, como los de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que imponen a los Estados la obligación de investigar hechos de violencia en manifestaciones pacíficas y de prevenir la impunidad. La jueza Ángela E. Ledesma coincidió con esta visión y criticó la actuación del fiscal en la causa. Por su parte, Guillermo J. Yacobucci expresó disidencia, considerando inadmisible la reapertura del caso.
Como consecuencia, el tribunal anuló la resolución de archivo, apartó a los jueces federales Pablo Bruglia, Mariano Bertuzzi y Leopoldo Llorens, y ordenó la realización de nuevas medidas probatorias. Esta decisión se enmarca en un contexto de observación internacional sobre la protección de las libertades públicas en el país frente a intervenciones estatales desproporcionadas.