Un proyecto busca normalizar las obras irregulares realizadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un intento por resolver problemas económicos y administrativos que afectan a propietarios y al sector inmobiliario. La iniciativa establece un régimen especial para construcciones de hasta 5.000 metros cuadrados que incumplen el Código de Edificación, y hasta 2.500 metros cuadrados respecto al Código Urbanístico.

La propuesta incluye también reformas en viviendas, clubes deportivos sin fines de lucro y centros culturales, educativos o sanitarios, pero excluye construcciones en zonas protegidas, como la Urbanización Parque, aquellas que comprometan la seguridad estructural o invadan espacios públicos más allá de lo autorizado.

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El objetivo es brindar seguridad jurídica al mercado inmobiliario, ya que las obras irregulares suelen impedir el acceso a créditos hipotecarios y provocan la depreciación de las propiedades. Sin embargo, el plan no implica una amnistía gratuita: los propietarios deberán pagar recargos significativos sobre los derechos de construcción para adherirse.

  • Para obras menores a 100 metros cuadrados, el recargo será del 250%.
  • En construcciones entre 100 y 1.000 metros cuadrados, la multa sube al 350%.
  • Las obras que superen los 1.000 metros cuadrados enfrentarán un recargo del 700%.
  • En viviendas individuales, el incremento será fijo y del 250%, sin importar el tamaño.

El Gobierno aclara que se trata de un esquema temporal, con posibilidad de pagos escalonados, solo para obras terminadas antes del 1 de abril de 2026 y sin eximir de multas anteriores. Esta iniciativa sigue la línea de intentos anteriores para regularizar miles de casos pendientes en la ciudad, evidenciados en años recientes.