El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Raúl Castro, expresidente y líder histórico cubano, por presuntos actos de violencia que causaron la muerte de ciudadanos estadounidenses. El anuncio, realizado en Miami, marcó la primera vez en casi siete décadas que se imputa al más alto nivel del régimen cubano por estos hechos.

La acusación coincide simbólicamente con el aniversario de la llamada República de Cuba, vinculada a la historia de la intervención estadounidense en la isla. Estados Unidos mantuvo la ocupación militar tras la guerra de independencia contra España y condicionó la Constitución cubana con la “Enmienda Platt,” que le otorgaba derecho a intervenir en Cuba y permitió la instalación de bases militares, entre ellas la de Guantánamo, cuya soberanía Cuba reclama desde 1959. Además de Raúl Castro, también están imputados los pilotos que presuntamente participaron en el derribo de dos avionetas.

El Gobierno cubano, a través de su presidente Miguel Díaz-Canel, rechazó enérgicamente la acusación y la calificó de un acto de soberbia y frustración por parte de Estados Unidos. El mandatario desestimó las versiones del gobierno estadounidense sobre el derribo de las aeronaves de “Hermanos al Rescate”, organización que el Estado cubano tilda de “narco-terrorista.”

Díaz-Canel insistió en que existen abundantes pruebas documentales que demuestran que Cuba actuó conforme al derecho internacional y sin imprudencia en el incidente. En contraste, acusó a Estados Unidos de cometer ejecuciones extrajudiciales de embarcaciones civiles en el Caribe y el Pacífico desde el año anterior, en las cuales habrían muerto alrededor de doscientos civiles.

El comunicado oficial del gobierno cubano reiteró la posición histórica sostenida durante las últimas tres décadas, defendiendo el derribo de las avionetas como una acción legítima dentro del marco legal internacional y rechazando la narrativa planteada desde Washington. La tensión entre ambos países se profundiza en un contexto marcado por antiguas controversias y reclamos sobre la soberanía y la memoria histórica.