Un conjunto de instituciones vinculadas a la Iglesia católica en Argentina manifestó su preocupación frente al proyecto oficial denominado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. En una carta dirigida a los legisladores nacionales, Cáritas Argentina, el Área de Ecología Integral de la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) advierten que la iniciativa pone en riesgo la soberanía sobre la tierra, los recursos naturales y el derecho de los pueblos a la autodeterminación.
Las organizaciones sostienen que la tierra debe ser considerada un bien común, destinado a garantizar la vida y el bienestar de toda la humanidad, presente y futura. Para sustentar su postura, citan enseñanzas del papa León XIII sobre el destino universal de los bienes y recuerdan que elementos esenciales como el suelo, el agua y el aire fueron entregados por Dios para sostener a todas las personas.
En particular, el documento critica las modificaciones que permitirían a extranjeros adquirir tierras sin las restricciones actuales, especialmente aquellas vinculadas a reservas hídricas. Además, cuestiona la habilitación para el uso inmediato de terrenos afectados por incendios, un punto que hasta ahora estaba regulado para evitar daños irreversibles. La carta también señala que la ley disminuye la capacidad estatal para gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés colectivo frente a intereses privados.
Las entidades religiosas recuerdan las enseñanzas del papa Francisco en la encíclica Laudato si’, que presenta a la tierra como una “hermana y madre” cuya protección es fundamental para la identidad y la cultura de comunidades rurales, campesinas e indígenas. Asimismo, aluden a la necesidad de políticas públicas que faciliten el acceso a una vivienda digna a través de un marco legal que equilibre derechos y responsabilidades de propietarios e inquilinos.
Finalmente, Cáritas, CEPAS y Endepa hacen un llamado a los legisladores a orientar su voto hacia el bien común y el cuidado del planeta, priorizando el futuro colectivo por sobre intereses particulares y promoviendo una política que encarne la caridad y la justicia social.