En el Congreso, diversos bloques de oposición iniciaron gestiones para convocar a una sesión que permita la interpelación y eventual censura del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionado por un presunto enriquecimiento ilícito. La iniciativa contempla la aplicación del artículo 101 de la Constitución Nacional, que regula la moción de censura como herramienta para exigir la renuncia o remoción de un funcionario del Ejecutivo.

Este procedimiento nunca se había utilizado desde la reforma constitucional de 1994, pero cobró fuerza tras la publicación de la declaración jurada de Adorni, en la que admitió haber omitido aproximadamente 500.000 dólares en reportes anteriores. Además, justificó su incremento patrimonial con inversiones en Bitcoin, lo que generó controversia y aumentó la presión política en torno a su figura.

En la Cámara de Diputados, el PRO se sumó a la demanda e incluso solicitó al presidente Javier Milei la destitución del ministro coordinador. Este bloque no descarta acompañar el quórum en la próxima sesión prevista para el 23 de junio, cuando se tratarán varios expedientes relacionados con informes, interpelaciones y proyectos de remoción asociados a Adorni. Este cambio de postura contrasta con la falta de apoyo manifestada en una sesión similar semanas atrás, antes de la difusión de los documentos patrimoniales.

Por su parte, en el Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel y distintas bancadas respaldaron la necesidad de que Adorni comparezca de inmediato para explicar su gestión y la transparencia de sus activos. El jefe de Gabinete está previsto para asistir el próximo mes y presentar un informe sobre la marcha del Gobierno, aunque la oposición exige una sesión urgente para obligarlo a responder en un plazo máximo de siete días. Si el funcionario no acude, se habilitaría el debate directo de la moción de censura.

El reclamo opositor se fundamenta en supuestas irregularidades detectadas en las presentaciones de Adorni ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Regulación y Control Aduanero, donde se habrían detectado inconsistencias y rectificaciones posteriores. Este contexto afecta la agenda parlamentaria del oficialismo, que enfrenta no solo la presión del kirchnerismo y la izquierda, sino también la creciente distancia con aliados tradicionales como el PRO.