La recientemente aprobada ley de modernización laboral, impulsada por el gobierno nacional, ya está vigente en la provincia de San Luis. A diferencia de Buenos Aires, donde la CGT presentó recursos que lograron una medida cautelar general contra gran parte de la normativa, en San Luis solo se reclaman objeciones sobre algunos artículos específicos.
Según explicó un experto en derecho laboral, las principales críticas en la provincia giran en torno al pago de indemnizaciones en cuotas y la manera en que se calculan los intereses correspondientes. Sin embargo, los tribunales laborales locales muestran una tendencia inicial a aplicar la nueva ley íntegramente, lo que genera un ambiente de transición en la regulación de las relaciones laborales.
La disparidad entre provincias responde a que la medida cautelar dictada en Buenos Aires no tiene efecto en San Luis, por lo que la legislación se implementa con ciertas diferencias en su aceptación judicial. Mientras tanto, el proceso judicial nacional sobre la constitucionalidad de la ley sigue en curso, sin resolverse por completo.
Otro punto relevante es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), diseñado para financiar las indemnizaciones derivadas de despidos. Este mecanismo no modifica el cálculo ni reduce derechos, pero introduce una nueva modalidad para garantizar el pago, donde si el fondo no alcanza, la empresa debe cubrir la diferencia. Esta innovación apunta a transparentar y regularizar un sistema que antes funcionaba de manera poco clara.
El abogado también resaltó que el verdadero desafío no reside en la ley misma, sino en las condiciones económicas y sociales vigentes en el país, que impactan directamente en el mercado laboral. Además, mencionó que el Fondo Monetario Internacional se opone a este esquema, pues consideran que la financiación pública podría aumentar el déficit fiscal y afectar la sostenibilidad del sistema previsional.