En el marco del undécimo aniversario de la primera marcha de Ni Una Menos, decenas de miles de personas se congregaron frente al Congreso de la Nación bajo la consigna «Vivas, libres y desendeudadas nos queremos». La convocatoria aunó a organizaciones feministas, sindicatos, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y agrupaciones estudiantiles, configurando una de las movilizaciones más multitudinarias de los últimos años.
La tragedia del femicidio de Agostina Vega, una adolescente de 14 años de Córdoba ocurrida días antes, atravesó la jornada y potenció la protesta. Este caso encendió nuevamente la alarma sobre la violencia de género y generó expresiones de repudio en diferentes provincias del país.
El movimiento sindical destacó por su protagonismo en la actividad. La Confederación General del Trabajo (CGT) y ambas Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) confirmaron su adhesión y participaron con una concentración previa que luego marchó hacia el Congreso. Las CTA explicaron que la marcha fue decidida en asambleas y se amplificó debido a la conmoción provocada por el asesinato de Agostina. Además, sindicatos docentes y organizaciones estudiantiles también se hicieron presentes, demostrando la continuidad en el compromiso gremial contra la violencia machista.
En los últimos años, los sindicatos incorporaron la lucha contra la violencia de género como eje central, enlazándola con demandas sobre igualdad salarial, mejora de condiciones laborales y erradicación de la violencia en los espacios de trabajo. En ese sentido, el SUTEBA desplegó lazos y banderas violetas en escuelas bonaerenses y su referente de Igualdad de Géneros leyó un documento en representación de la CTA frente al Congreso. Se destacó la alianza entre mujeres organizadas, sindicatos y colectivos feministas para avanzar en derechos.
El documento oficial, leído en el acto por referentes como Thelma Fardín, Liliana Daunes y la artista Cazzu, condensa las reivindicaciones del movimiento transfeminista. Entre sus puntos principales, reclama la renuncia del ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y la destitución de dos fiscales a quienes se responsabiliza por la falta de protección hacia Agostina Vega. También repudió duramente a la ministra de Seguridad nacional por minimizar el crimen al denominarlo «homicidio» en lugar de femicidio, lo que fue interpretado como una negación de la violencia estructural de género.
El texto oficial recordó el alarmante registro de más de tres mil víctimas fatales de violencia de género desde la primera movilización de Ni Una Menos y renovó el llamado a políticas públicas efectivas para la erradicación de esta problemática.