La reciente reforma a la Ley de Seguridad Pública de Mendoza busca eliminar las incertidumbres legales que afectaban a los efectivos policiales en situaciones de riesgo extremo. Con un marco legal más claro, la normativa define de forma precisa qué constituye un «peligro inminente» y establece límites para el uso legítimo de armas reglamentarias, protegiendo a quienes actúan dentro del protocolo.

Este cambio responde a la necesidad de dotar a los agentes y a los fiscales de directrices claras para actuar y evaluar incidentes relacionados con armas de fuego. Ante situaciones críticas, el no contar con un marco regulatorio explícito generaba sanciones o detenciones preventivas sin analizar el contexto, un vacío que la reforma pretende cerrar.

El trabajo legislativo se basó en normativas internacionales, principalmente en un protocolo aprobado por la Organización de las Naciones Unidas en 1979, que establece de forma taxativa cuándo puede utilizarse el armamento. Esta base técnica fue adaptada por legisladores locales en consulta con el Ministerio Público Fiscal para garantizar un equilibrio entre la protección del personal policial y el respeto a los derechos ciudadanos.

Entre las novedades, la ley precisa las circunstancias que constituyen una amenaza grave o mortal, tomando en cuenta que las decisiones policiales deben tomarse en fracciones de segundo. De esta manera, se otorga a los agentes un margen de acción ajustado a la realidad operativa, evitando interpretaciones excesivamente rígidas que limitaban la defensa personal y la seguridad pública.

Los autores de la reforma señalaron que este avance es una respuesta ante años de «garantismo» excesivo que condicionaba el trabajo policial, asociado a una percepción de sospecha sobre la función de las fuerzas de seguridad. Además, vincularon la actualización con una tendencia histórica hacia la reducción de crímenes graves, buscando consolidar el rol de la policía en esta mejora.

La iniciativa ha generado debate entre sectores que exigen mayor firmeza contra el delito y organizaciones que advierten sobre posibles excesos o discrecionalidad. No obstante, se destaca que la eliminación de las llamadas «zonas grises» contribuye a una actuación más transparente y previsiblemente sancionada en funcionarios que actúen ajustados a la ley.