El juez federal responsable del caso de Facundo Jones Huala dictó una nueva prórroga de 90 días en su prisión preventiva, tras una audiencia en la que también rechazó el pedido de traslado a la cárcel de Esquel y cualquier tipo de morigeración de la detención. La decisión se tomó después de que la Fiscalía de Bariloche solicitara continuar con la prisión, postura que fue respaldada por el juez.
La defensa de Jones Huala enfrentó la solicitud con argumentos sólidos, rechazados por el tribunal, que mantuvo su línea firme a pesar de las apelaciones. Entre los pedidos desestimados figuró la aplicación de arresto domiciliario o la colocación de una pulsera electrónica. Asimismo, descartaron la posibilidad de que el acusado fuera trasladado a una prisión más cercana, apoyando al Servicio Penitenciario Federal.
En respuesta a la medida, Facundo Jones Huala anunció que comenzará una huelga de hambre seca, es decir, dejará de ingerir agua, en protesta por la prisión y las condiciones en que se encuentra. Durante la audiencia, el juez solo respondió con breves frases sin entrar en detalles, lo que acentuó la tensión en el tribunal.
La Gremial de Abogados y Abogadas calificó la resolución como una muestra de un enfoque estrictamente punitivo y de carácter político, que utiliza magistrados y fiscales para ejecutar decisiones que provienen en realidad del Ministerio de Seguridad. Definen esta dinámica como la aplicación del llamado «derecho penal del enemigo», con un impacto particular en comunidades de pueblos originarios y otros casos similares.
Desde la defensa anunciaron que apelarán la medida ante la Cámara Federal de Roca, aunque reconocen que el sistema judicial federal muestra un blindaje que dificulta las apelaciones. Esta prórroga se suma a otras medidas adoptadas en procesos judiciales en curso contra líderes y activistas de comunidades indígenas.