Tres alumnas regulares de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) denunciaron a un profesor titular por acoso sexual. Las estudiantes acudieron acompañadas por un abogado y relataron una conducta reiterada del docente, que incluía envío de mensajes de contenido personal y frecuentes invitaciones a su domicilio, todas rechazadas por ellas.
Tras el rechazo de las estudiantes a estas acciones, el profesor reprochó masivamente a las tres alumnas en las evaluaciones correspondientes, obligándolas a rendir exámenes recuperatorios. En respuesta a esta situación, la Facultad activó el protocolo de género vigente, pero la medida se limitó a cambiar de cátedra a las denunciantes para evitar que rindieran con el docente, mientras él continuó impartiendo clases con normalidad.
Fuentes internas señalaron que este caso no es aislado. El docente ya cuenta con antecedentes similares en su carrera, aunque muchas estudiantes no denuncian por temor a represalias académicas. Organizaciones feministas y sectores involucrados en la defensa de los derechos de las mujeres critican la efectividad del protocolo institucional, que consideran desactualizado y con falencias para garantizar sanciones efectivas contra los agresores y protección real para las víctimas.
El principal cuestionamiento radica en que, pese a las denuncias, los docentes involucrados suelen continuar sus tareas docentes mientras los procesos administrativos se demoran o se encubren. Además, la solución habitual consiste en reubicar a las estudiantes afectadas, práctica que no aborda ni sanciona el acoso ni protege a quienes denuncian.