Uruguay registró el primer procedimiento de eutanasia legal desde la aprobación y entrada en vigencia de la Ley de Muerte Digna, que permite la muerte asistida en determinados casos. La paciente fue una mujer de 69 años con cáncer de páncreas en etapa terminal, internada en un hospital de Montevideo, quien decidió ejercer su derecho a morir con tranquilidad ante un sufrimiento irreversible.
La normativa establece que la eutanasia puede solicitarse por mayores de edad, residentes legales o ciudadanos uruguayos que se encuentren en condiciones psíquicas aptas y sufran enfermedades incurables en etapa terminal o padecimientos considerados insoportables. En este caso, la paciente firmó su consentimiento formal para acceder al procedimiento luego de un deterioro notorio en su salud.
La ley fija un proceso riguroso para autorizar la eutanasia. La solicitud debe ser personal y escrita, presentada ante un médico tratante que tiene un plazo máximo para evaluar el pedido. Luego, un segundo profesional revisa el diagnóstico y las condiciones clínicas para confirmar la elegibilidad. Si hay desacuerdo, la decisión pasa a una junta médica para resolverla. Además, el paciente puede revocar su solicitud en cualquier momento antes de la muerte.
La Ley de Muerte Digna fue sancionada por el Senado uruguayo en octubre de 2025 y reglamentada por el Poder Ejecutivo meses después, comenzando a aplicarse en abril de 2026. Este hecho convierte a Uruguay en el primer país en América Latina que legaliza la eutanasia a través de una legislación aprobada por su Parlamento.
En Latinoamérica, la eutanasia también es permitida en Colombia y Ecuador, pero únicamente mediante fallos judiciales y procesos de despenalización, sin contar con una ley específica aprobada.
Un diputado oficialista que impulsó la ley calificó esta realización como un momento simbólico para el país, al destacar que la mujer pudo decidir su muerte conforme a sus convicciones y en paz, garantizando un procedimiento legal y transparente para el derecho a una muerte digna.