Un informe anual difundido por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reveló una disminución en los femicidios en Argentina durante el último año, al registrar menos casos que en 2024. Esta reducción introduce un matiz positivo en un contexto donde la violencia de género continúa siendo un problema estructural que reclama atención constante.

El documento precisa que se contabilizaron 105 femicidios en lo que va del año, lo que representa una disminución interanual de un porcentaje significativo. A pesar de esta baja, expertos y organizaciones feministas advierten que la cifra aún refleja niveles alarmantes de violencia extrema, y que cada caso involucra generalmente antecedentes de violencia previa, denuncias que no fueron atendidas a tiempo y deficiencias en los mecanismos de protección.

Un factor determinante en la reducción de casos está relacionado con la actuación desigual entre jurisdicciones. En particular, la provincia de Buenos Aires mostró un descenso más marcado gracias al mantenimiento y fortalecimiento de programas de prevención como líneas de atención, refugios, equipos interdisciplinarios y fiscalías especializadas. En contraste, otras regiones experimentaron recortes o modificaciones en sus políticas, lo que preocupa a especialistas sobre la posible regresión en la protección de las víctimas.

Organizaciones de derechos humanos llaman a interpretar los datos con cautela, ya que varían según la clasificación de los hechos, la capacidad de recolección estadística provincial y las modificaciones en los equipos técnicos responsables. Subrayan que cualquier disminución temporal no debe llevar a la complacencia y recuerdan que una reducción en la inversión o continuidad de las políticas públicas puede incidir negativamente en la prevención, aunque ese impacto no se vea de forma inmediata en las cifras oficiales.

Además, el informe señala la influencia negativa de la crisis económica sobre las víctimas de violencia de género. La dependencia económica, el desempleo y la reducción de ingresos suelen limitar la capacidad de las mujeres para abandonar situaciones de riesgo, incluso cuando cuentan con redes de apoyo. Por ello, especialistas insisten en la importancia de sostener y profundizar las estrategias de protección y acompañamiento para hacer frente a una problemática que sigue siendo una emergencia social y de derechos humanos.