La asignación de fondos mineros para obras en San Juan recae en un órgano específico llamado Comité de Administración, conocido también como Comité de Fideicomisos. Este espacio es el encargado de evaluar, aprobar y supervisar cada iniciativa presentada para asegurar que los recursos se destinen de manera adecuada y efectiva.
El Comité está integrado por cuatro miembros: el Gobernador, quien preside y tiene voto dirimente; un representante del Ministerio de Minería; un delegado de la Cámara Minera; y un representante de la empresa que administra el fideicomiso, como Veladero, Gualcamayo o Casposo. Esta estructura busca armonizar las perspectivas del Estado, el sector privado y los técnicos especializados en minería y desarrollo territorial.
En su análisis, el Comité considera diversos aspectos para priorizar las obras. Evalúa el impacto social de cada proyecto, su urgencia, la viabilidad técnica y financiera, y cómo contribuye al desarrollo de la zona beneficiada. Además, cuando la normativa lo permite, suma la participación de municipios, quienes aportan información clave sobre las necesidades reales de las comunidades, muchas veces ausente en los expedientes formales.
Este proceso técnico y participativo establece un orden de prioridades que reconoce que no todas las obras requieren la misma atención ni recursos inmediatos. Por lo tanto, se procura que los fondos alcancen a los proyectos con mayor necesidad y potencial impacto social.
Finalmente, el Comité de Administración cuenta con mecanismos de control y seguimiento para garantizar que las obras aprobadas se ejecuten conforme a lo planificado. Esta gestión transparente permite a la ciudadanía comprender no solo por qué ciertos proyectos se financian antes que otros, sino también el destino y la administración responsable de los fondos mineros con un impacto directo en la vida local.