La comunidad universitaria volvió a manifestarse en todo el país contra la reducción de fondos que sufren las casas de estudio públicas desde que el gobierno anunció un ajuste presupuestario. La marcha del 12 de mayo se dio pocas horas después de que el Ejecutivo oficializara recortes que impactan negativamente en el sistema universitario y de investigación, a pesar de que la ley de financiamiento fue aprobada por una mayoría especial en el Congreso, y ratificada por la Justicia.

Este retroceso en la asignación de recursos repercute en la operatividad académica, científica y administrativa. Rectores, docentes, investigadores, estudiantes y empleados no docentes alertan que los aumentos presupuestarios no logran compensar la inflación, dejando a las universidades en dificultades para cubrir sus costos más básicos. Datos oficiales revelan que en los primeros cuatro meses de 2026, el presupuesto universitario cayó en términos reales respecto al año anterior y registra una baja significativa con relación a 2023.

El desfinanciamiento también se traduce en la caída del poder adquisitivo de los salarios universitarios, que han perdido un tercio de su valor real en poco más de dos años. Este deterioro afecta la retención de docentes, la disponibilidad de horas de dedicación exclusiva y la continuidad de proyectos de investigación y extensión.

La rectora de una importante universidad pública denunció el incumplimiento formal de la ley desde septiembre de 2025, advirtiendo que el gobierno elige qué normativas cumplir y cuáles no, perjudicando especialmente a la educación pública. La inversión por alumno, en promedio, se ubica en su punto más bajo en más de dos décadas.

Este escenario genera una crisis profunda en la educación superior, con el sistema científico-tecnológico en riesgo por la falta de financiamiento. La comunidad universitaria exige que se respeten las normativas vigentes y que se garantice un presupuesto acorde para sostener el desarrollo académico y la producción científica en el país, frente a un proceso de ajuste que afecta directamente la calidad educativa y la función social de las universidades públicas.