La intención del Gobierno de recuperar capitales argentinos ocultos fuera del sistema financiero enfrenta un serio obstáculo: la escasa inscripción en el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), paso indispensable para acogerse a la Ley de Inocencia Fiscal. De un universo estimado en 2,5 millones de monotributistas y autónomos, solo alrededor de 80.000 se registraron en este régimen, una cifra que representa apenas un 3% de los potenciales beneficiarios.
Ante este panorama, el ministro Luis Caputo convocó a un grupo de especialistas en contabilidad y tributación para discutir las causas de esta baja recepción y explorar posibles ajustes en el diseño del RSG. La reunión, que se realizó en el Palacio de Hacienda y contó con participación presencial y virtual, buscó entender por qué los profesionales no recomiendan a sus clientes adherirse al régimen y cómo se puede mejorar su aceptación.
El Régimen Simplificado de Ganancias fue creado para personas cuyos ingresos anuales no superan 1.000 millones de pesos o que declaran bienes por un tope de 10.000 millones. Su principal atractivo es facilitar la declaración fiscal mediante una declaración jurada confeccionada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), sin requerir la presentación del patrimonio inicial ni final. Además, ofrece un blindaje fiscal por tres años (2023 a 2025), durante los cuales las actividades no serán objeto de revisiones ni auditorías fiscales.
Este blindaje permite que los adherentes puedan legitimar ahorros no declarados, al depositar fondos en cuentas bancarias propias o invertir en bienes inmuebles sin activar alertas fiscales. No obstante, uno de los principales reparos radica en la interpretación jurídica de ciertos artículos de la ley, particularmente el 18, inciso G, de la Ley de Procedimiento Fiscal. Este obliga a los bancos a informar movimientos que no se condicen con los ingresos declarados, lo que genera incertidumbre sobre si verdaderamente el «tapón fiscal» protegerá a los adherentes de pesquisas posteriores.
Según expuso uno de los expertos consultados, Guillermo Pérez, el decreto reglamentario intenta neutralizar esas obligaciones para los fondos previos al «año base» que determina la declaración de 2025, pero esa protección no es completa ni totalmente clara, lo que desalienta la recomendación profesional.
Este encuentro forma parte de una estrategia más amplia para incentivar el retorno de capitales en efectivo o depositados fuera del circuito formal, estimados en cientos de miles de millones de dólares, según datos oficiales. El Gobierno busca ajustar el marco regulatorio para que las dudas legales y la desconfianza no impidan que se concrete el blanqueo, considerado fundamental para reactivar la economía y ampliar la base tributaria sin aumentar la presión fiscal directa.