El sector comercial y contable de Concordia enfrenta dificultades para cumplir con los pagos impositivos y previsionales debido a la rigidez administrativa y los plazos ajustados que plantea la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Por esta razón, autoridades locales del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y el Centro de Comercio, Industria y Servicios acordaron solicitar mayor flexibilidad para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) ante intimaciones y sanciones.
Uno de los pedidos centrales es que ARCA amplíe el tiempo entre la emisión de una intimación por falta de pago y el libramiento de la boleta de deuda. Esto permitiría que las PyMEs puedan responder con mayor calma frente a obligaciones impositivas y previsionales, evitando así ejecuciones fiscales inmediatas que complican su situación financiera.
Además, reclaman que se establezca un procedimiento que permita a las PyMEs reactivar planes de pago caducos. Es decir, que las deudas incluidas en planes vencidos puedan reincorporarse en nuevos planes con facilidades adecuadas y plazos extendidos, ofreciendo una segunda oportunidad para regularizar sus cuentas sin riesgo inmediato de multas o embargos.
En paralelo, se plantea una reforma a la aplicación de multas automáticas por la presentación fuera de término de declaraciones juradas impositivas y de seguridad social. Actualmente, estas sanciones deben modificarse mediante una ley y no solo por reglamento, tal como intentó el gobierno antes de la sanción de la Ley de Modernización Laboral Nº 27.802.
El reclamo incluye proponer una graduación razonable de las multas, que contemple el tamaño de la empresa, el tiempo de demora en el cumplimiento de la obligación y el historial del contribuyente, limitándose a penalizar menos a quienes no tengan incumplimientos previos recientes.
Estas gestiones buscan el respaldo de organismos nacionales como la Cámara Argentina de Comercio y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que acompañan al Centro de Comercio local en la búsqueda de soluciones para las PyMEs. La finalidad es equilibrar la exigencia fiscal con la realidad económica del comercio, evitando medidas que puedan provocar cierres o quiebras por falta de flexibilidad administrativa.