El jefe de Gabinete libertario y su esposa mantienen un nivel de consumo que cuestiona sus ingresos oficiales. Durante 2025, el matrimonio promedió gastos mensuales con tarjetas de crédito por más de 7 millones de pesos, mientras el funcionario percibía un sueldo declarado de alrededor de 3,5 millones y su esposa figuraba como monotributista.

La diferencia creciente entre sus ingresos y gastos generó fuertes sospechas sobre el origen real de sus ingresos. Desde que asumió como vocero presidencial, el funcionario y su pareja acumularon consumos superiores a 176 millones de pesos en tarjetas VISA, American Express y Mastercard en poco más de dos años.

Un análisis detallado revela que estos gastos no solo se efectuaron con tarjetas de crédito, sino que también implican pagos en efectivo, algunos en moneda extranjera. Entre ellas, destacan desembolsos millonarios en dólares para la refacción de una propiedad en un country privado, la compra de inmuebles y viajes internacionales a destinos como Nueva York, Aruba y Bariloche.

Durante 2025, se sumaron gastos regulares como las expensas del country, que se debitan automáticamente en las tarjetas por aproximadamente 700 mil pesos mensuales. Sin embargo, otros cargos familiares significativos, como la cuota del colegio privado de sus hijos cercana a los 800 mil pesos mensuales, se abonan en efectivo, lo que dificulta su rastreo directo.

Además, los registros muestran la cancelación de casi 200 movimientos en cuentas bancarias en pesos para saldar las tarjetas, evidencia de que el dinero utilizado proviene mayormente de fondos bancarizados, sin que coincida con sus ingresos oficiales.

La investigación periodística, basada en datos del Banco Central y registros bancarios confidenciales, también expone compromisos financieros pendientes por más de 335 mil dólares relacionados con hipotecas privadas y acuerdos informales con desarrolladores inmobiliarios.

Estos antecedentes acrecientan el aislamiento del jefe de Gabinete dentro del gobierno libertario y avivan preguntas sobre la transparencia de su patrimonio y la procedencia de sus fondos, lo que podría tener implicancias legales y políticas.