El Caso Chocolate Rigau, una investigación emblemática sobre corrupción estructural en la Legislatura bonaerense y su impacto en Berisso, atraviesa un retroceso decisivo. Antonio Rodríguez, único acusado dispuesto a aceptar un juicio abreviado, desistió del acuerdo por la inhabilitación perpetua que implicaba la condena, lo que deja estancado el proceso y proyecta el inicio del juicio oral para marzo de 2027.

Rodríguez había aceptado inicialmente una condena que combinaba tres años de prisión en suspenso con la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Sin embargo, tras confirmar que la legislación penal aplica inhabilitación permanente a funcionarios convictos de estos delitos, dio marcha atrás al querer mantener abierta la posibilidad de reintegrarse a la función pública. La fiscalía, entonces, se quedó sin un acusado que reconozca responsabilidad, complicando la prosecución de la causa.

Este cambio afecta a uno de los expedientes más complejos, que actualmente registra 46 empleados procesados sospechosos de desviar fondos mediante maniobras fraudulentas en la administración de sueldos públicos. Las estimaciones oficiales calculan un perjuicio económico neto superior a los 395 millones de pesos entre enero de 2022 y septiembre de 2023, cifra que podría superar los 800 millones si se incluyen las irregularidades detectadas desde 2002.

La causa, que comenzó a raíz de la detención en flagrancia de Julio "Chocolate" Rigau en un cajero automático, tiene un cronograma judicial ajustado: se estima que cuatro peritos contables tardarán entre tres y cuatro meses en individualizar los daños causados por cada imputado. Este trabajo pericial podrá finalizar a fines de 2026, dejando camino libre solo para el inicio del juicio oral en los primeros meses de 2027 ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de La Plata.

Además del impacto financiero directo, la investigación también apunta a los costos indirectos que el Estado bonaerense afrontó por aportes previsionales y servicios de salud para empleados involucrados que no cumplían funciones. Esta situación agrava las consecuencias del fraude y refleja una complicación institucional que obstaculiza la rendición de cuentas.

Con el rechazo del acuerdo y la ausencia de imputados dispuestos a aceptar condenas que conlleven inhabilitación de por vida, el proceso judicial se enfrenta a un panorama de prolongada espera y mayor incertidumbre, consolidando un escenario donde las soluciones judiciales se dilatan y la investigación sostiene su complejidad.