El último ajuste presupuestario firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, impactó nuevamente en las finanzas provinciales con un recorte de aproximadamente 970 mil millones de pesos. Esta cifra forma parte de la reducción total de 2,5 billones de pesos establecida por la resolución administrativa 20/2026, que afectó principalmente a provincias y municipios a través de la cancelación de transferencias y la suspensión de proyectos estratégicos.
Entre las obras suspendidas se encuentran importantes iniciativas de infraestructura hídrica como el Acueducto Vipos en Tucumán, el Sistema de Agua Potable de Concordia en Entre Ríos, la planta depuradora de Rafaela en Santa Fe, y el acueducto Sarmiento-Comodoro Rivadavia en Chubut. Estos proyectos, en muchos casos presentados como logros por gobernadores aliados o cercanos al oficialismo, representan un golpe directo a las inversiones públicas y al desarrollo regional, afectando la provisión de servicios básicos como el agua potable.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, había destacado recientemente el avance del Acueducto Vipos como un logro que mejoraría el abastecimiento de agua para varias localidades. Sin embargo, semanas después, el mismo Ministerio de Economía decidió suspender la obra en el marco del ajuste fiscal. En Entre Ríos, el dirigente Rogelio Frigerio, también próximo al oficialismo, había anunciado una serie de obras en sectores clave como rutas, transporte y saneamiento, que ahora quedaron en suspenso.
El impacto de esta medida se suma a la pérdida continua que sufren las provincias debido a la caída de la coparticipación federal y la reducción de ingresos propios, además de anteriores recortes de fondos específicos por parte de la Nación. Este nuevo tijeretazo profundiza las restricciones presupuestarias en sectores fundamentales como salud, educación y obra pública, presentados por el gobierno como áreas secundarias para justificar la reordenación de gastos.
Así, el ajuste ratificó la decisión del Ejecutivo de priorizar la austeridad fiscal aún a costa de postergar proyectos comprometidos con gobernadores afines, en un contexto de tensión política donde las finanzas provinciales se encuentran especialmente golpeadas y la continuidad de obras clave queda en suspenso.