Las universidades nacionales enfrentan una caída histórica en su financiamiento, que alcanzó su punto más bajo desde 2006, según un informe de la asociación civil Justicia Distributiva. La reducción real en el presupuesto destinado al programa principal de Educación Superior se traduce en un desplome del 29 % entre 2023 y 2025, con una tendencia que continúa en 2026.
Este ajuste presupuestario, que absorbe una parte significativa del recorte en el gasto nacional, compromete el funcionamiento de las universidades y afecta principalmente el salario de docentes y trabajadores no docentes. En marzo de 2026, el sueldo de un profesor asistente con dedicación semiexclusiva estaba un 25 % por debajo del nivel registrado tres años antes, mientras que el salario promedio del sector cayó por debajo de la inflación acumulada.
El deterioro de los recursos no solo impacta en los salarios, sino también en la oferta de becas estudiantiles, cuya cobertura se ve disminuida, y en los servicios sociales relacionados con la educación. El informe destaca que el recorte en universidades representa el 4,4 % del ajuste total del gasto nacional y más de un tercio del recorte aplicado a Educación y Cultura.
En medio de esta crisis financiera, se mantiene abierto un conflicto con el Gobierno tras la sanción de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, que obliga al Estado a actualizar los recursos para educación superior según la inflación, recomponer salarios y fortalecer becas. Aunque la norma fue sancionada por el Congreso, el Ejecutivo suspendió su aplicación por supuestas deficiencias en la definición de las fuentes de financiamiento.
El Consejo Interuniversitario Nacional presentó una demanda judicial que logró una medida cautelar a su favor, y el caso escaló a la Corte Suprema, donde aún permanece sin resolución. Esta disputa legal se da en el contexto de la cuarta Marcha Federal Universitaria bajo la actual administración, que refleja el reclamo del sector por mejores condiciones presupuestarias y salariales.