La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires dictó un fallo que obliga a los conductores de aplicaciones de transporte a obtener licencia de conducir profesional y contratar seguros específicos para pasajeros. Esta decisión iguala las exigencias que ya aplican a taxis y remises, reforzando las condiciones de seguridad y regulación en el sector.
Esta resolución rechaza el argumento de las empresas que sostenían que sus servicios encuadran dentro de la categoría de «transporte privado» según el Código Civil y Comercial, y define la actividad como un servicio de transporte público sujeto a la regulación y control municipal. Al hacerlo, la Justicia sostiene que no es aceptable que los taxis y remises enfrenten regulaciones estrictas mientras que las plataformas operen sin cumplir con esos estándares.
En la práctica, esto implica que los conductores deben contar con la habilitación profesional correspondiente y disponer de pólizas de seguros que incluyan responsabilidad civil y protección para los usuarios. Además, el tribunal instó a las autoridades locales a intensificar la fiscalización sobre estas plataformas y a avanzar en la tributación, especialmente en el cobro de Ingresos Brutos, ya que muchas operan sin estar formalmente registradas como prestatarias de servicios económicos.
Este fallo se interpreta como un precedente judicial relevante para el resto del país, ya que sienta las bases para que otros municipios en el interior exijan condiciones similares a este tipo de servicios. La medida busca asegurar una competencia justa con los sistemas tradicionales de transporte y evitar que las aplicaciones se beneficien de un vacío regulatorio.