El financiamiento para políticas de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires experimentó una drástica disminución que afecta directamente la ejecución de programas clave. El Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) registró una caída real del 46% en su presupuesto respecto al año anterior, según un informe del Observatorio Económico de la Ciudad, dependiente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

La reducción presupuestaria también impactó en el programa de urbanización e integración de villas, que retrocedió un 58% en el mismo período. Este deterioro no se trata de un hecho aislado, sino de una reconfiguración más amplia del gasto público local, donde disminuyen fondos para vivienda, salud y educación, mientras crecen las erogaciones en deuda pública, servicios concesionados y áreas con mayor participación privada.

La situación del IVC atraviesa una crisis institucional. A comienzos del año, trabajadores denunciaron despidos y un proceso de vaciamiento que pondría en riesgo la continuidad del organismo. La controversia escaló con un proyecto presentado por legisladores de La Libertad Avanza, que propone eliminar directamente el Instituto, lo que afectaría a cerca de 1300 empleados, según sindicatos.

Más allá del CEPA, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) alertó que el presupuesto asignado a vivienda para 2026 será el más bajo en términos reales en los últimos 14 años, representando menos del 1% del gasto total de la administración porteña, con una reducción del 22,9% con respecto al ejercicio previo.

Este debate cobra mayor relevancia en un contexto de creciente dificultad para acceder a la vivienda propia. Estudios privados y organizaciones como la Fundación Tejido Urbano evidencian que la proporción de hogares propietarios continúa en descenso, mientras el peso del alquiler sobre los ingresos familiares crece, consolidando un cambio estructural en el acceso a la vivienda.

Desde el Gobierno de la Ciudad se defienden algunas políticas del IVC, resaltando programas de regularización dominial, acceso al alquiler y escrituración. Según datos oficiales, en 2025 más de 1200 familias formalizaron la titularidad de sus viviendas mediante estos programas. Sin embargo, organizaciones sociales y sindicales cuestionan la insuficiencia de los recursos y la política de ajuste que perjudica la atención de la demanda habitacional.