La declaración de culpabilidad de Fred Machado por fraude electrónico y lavado de dinero en Estados Unidos agrava la causa que también afecta a José Luis Espert en Argentina. Machado reconoció que 200.000 dólares vinculados a Espert formaban parte de un pacto mayor, cercano a un millón de dólares, cuya procedencia está siendo analizada como potencial lavado de activos.

En Argentina, la investigación contra Espert está a cargo del juez Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez, quienes enfocan el caso en el aumento patrimonial del exdiputado y su estilo de vida a partir de su vínculo con Machado desde 2019. Según la pesquisa, se detectaron numerosas operaciones bancarias sospechosas, mientras que tras una denuncia se ordenó el congelamiento de los bienes de Espert para evitar que realice movimientos financieros.

En paralelo, otro expediente en Comodoro Py, bajo la jurisdicción del juez Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscal Alejandra Mangano, investiga gastos particulares vinculados a Machado, como 36 viajes en aviones privados, el uso de una camioneta blindada y aportes a campañas presidenciales que serían irregulares. Inicialmente, Espert había reconocido un solo vuelo, pero se confirmó la frecuencia sistemática de esos traslados.

Una polémica adicional se generó por un posteo del presidente argentino, quien criticó a periodistas que, según él, difamaron a Espert y condenaron sin pruebas. Argumentó que la justicia estadounidense habría aceptado la inocencia de Machado respecto a cargos de narcotráfico, la acusación que vinculaban con la denuncia contra Espert. Sin embargo, esa interpretación es incorrecta ya que, aunque se retiraron los cargos por narcotráfico, permanecen activos los de conspiración para lavar activos y fraude electrónico. Para la causa local, no es necesario que exista una condena previa por narcotráfico: basta con que haya un delito precedente para imputar lavado, explicaron fuentes judiciales.

En la audiencia en Texas donde Machado se declaró culpable, el juez Don D. Bush confirmó que el acuerdo con la fiscalía implica una pena máxima de hasta 20 años de prisión, tres años de libertad vigilada y una multa de 250.000 dólares. Aún no se estableció la pena concreta definitiva; esa decisión corresponde al juez Amos L. Mazzant en el próximo procedimiento.

Machado ya cumple seis meses de cárcel en Oklahoma, la mayoría bajo prisión domiciliaria en Viedma antes de su extradición. Su estrategia es que se le computen esos años previos para reducir la pena en EE.UU. y así obtener la libertad en el menor tiempo posible.