El Instituto Provincial de Apuestas (IPRA) enfrentó una condena judicial que le obligó a pagar una compensación millonaria al Casino Status, tras una demanda que reveló responsabilidades por habilitar de forma desigual máquinas tragamonedas. El fallo del Superior Tribunal de Justicia estableció una deuda inicial que superó los dos mil millones y, debido a retrasos en los pagos, creció aún más con intereses y honorarios legales.

El monto original fijado por el tribunal fue de 2.192 millones de pesos, pero la deuda escaló a casi 2.838 millones debido a incumplimientos y acumulación de intereses. Además, se establecieron honorarios profesionales para el abogado de Casino Status, que sumaron más de 1.300 millones. Estas cifras ya fueron abonadas, en su mayor parte, gracias a asistencias financieras otorgadas por el Gobierno provincial para cubrir estos gastos.

Según el último informe presentado por el IPRA ante la Legislatura Provincial, al 16 de abril de 2026 el instituto aún debe a la provincia más de 4 mil millones de pesos, correspondientes a la devolución de las ayudas financieras recibidas. Por otro lado, continúa pagando las tasas judiciales del proceso en cómodas cuotas mensuales, de las cuales ya cumplió trece.

El informe revela que, más allá del pago en efectivo, Casino Status recibió una serie de beneficios equivalentes a un 35% del total de la indemnización. Esta compensación incluye:

  • El pago del 65% del monto original en cinco cuotas mensuales consecutivas.
  • Un descuento del 10% relacionado con impuestos sobre ingresos brutos y sellos generados para la empresa.
  • La prórroga por 15 años de las concesiones de explotación que Status SRL mantiene bajo licitaciones previas.
  • Otorgamiento de permisos exclusivos para operar juegos en modalidad casino virtual y apuestas deportivas en la provincia.
  • Autorización para explotar terminales de Video Lotería (VLT) en puntos de venta autorizados durante 15 años, con un canon del 25% basado en netwin destinado al IPRA.

Estos beneficios configuran un esquema de compensación que busca equilibrar las obligaciones económicas con ventajas comerciales a favor del Casino Status, intentando mitigar el impacto financiero de la condena para la empresa.