La Secretaría de Energía implementó un nuevo reglamento que ordena el transporte interjurisdiccional de hidrocarburos líquidos en el país, aplicable a oleoductos que atraviesen dos o más provincias o que estén destinados total o parcialmente a la importación y exportación de petróleo crudo, sus derivados y líquidos de gas natural. Esta regulación busca actualizar y fortalecer los estándares técnicos de seguridad y operación vigentes hasta ahora.
Para operar, las empresas deberán contar previamente con la autorización correspondiente conforme a la Ley 17.319 de Hidrocarburos y cumplir con las nuevas pautas establecidas en la Resolución 119/2026, que reemplaza a la anterior norma técnica aprobada en 2017. Además, la Secretaría invita a las provincias a adherir voluntariamente a este reglamento y adoptar las medidas complementarias que correspondan dentro de sus competencias territoriales.
El nuevo marco normativo responde a los avances internacionales en materia técnica para el transporte por cañerías. Introduce mejoras en el diseño de ductos, los materiales utilizados, la gestión de la integridad de las instalaciones, el control de la corrosión y la evaluación de condiciones estructurales. Se incorporan criterios regulatorios basados en el Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos, considerado referencia global para líquidos peligrosos, así como la potencial utilización de materiales no metálicos, como tuberías termoplásticas y compuestas reforzadas, que resultan aptas para ciertas condiciones operativas.
Anteriormente, la regulación vigente definía los requisitos mínimos orientados a garantizar la seguridad de las personas, la protección ambiental y la confiabilidad operativa. Sin embargo, los recientes avances tecnológicos impulsaron esta actualización para armonizar la normativa nacional con estándares internacionales reconocidos y optimizar la gestión técnica del transporte de hidrocarburos líquidos.
Además del marco técnico, la normativa establece un claro procedimiento administrativo para el otorgamiento de autorizaciones, demandando la presentación previa de la documentación requerida antes de iniciar operaciones. Esta medida apunta a garantizar un control integral sobre las instalaciones que intervienen en el sistema de transporte interjurisdiccional.