La causa que investiga la usurpación y apropiación fraudulenta de 23 departamentos en la Torre de los Periodistas, edificio emblemático de Neuquén, pasó al Tribunal Oral Federal para iniciar el juicio oral y público. La acción fue decidida tras el cierre de la instrucción a cargo del juez Gustavo Villanueva.
Este caso es inédito entre las causas por delitos de lesa humanidad en la región, pues representa la primera imputación penal por robo y defraudación derivada de la intervención militar tras el golpe de Estado de 1976. Los acusados en este proceso son dos integrantes de Inteligencia del Ejército, Sergio San Martín y Jorge Di Pasquale, quienes habrían participado directamente en la maniobra que despojó a 23 asociados de la Cooperativa de Periodistas de sus viviendas.
Desde 2008 se han emitido sentencias contra responsables de crímenes de lesa humanidad en la zona, abarrotando casos por secuestros, torturas, violaciones y homicidios cometidos tras el golpe cívico-militar. En contraste, esta causa resalta la dimensión económica y el uso irregular de bienes inmuebles por parte de fuerzas militares y de seguridad, además de la persecución política denunciada.
Durante el allanamiento ilegal realizado el 24 de marzo de 1976, el edificio todavía estaba en construcción y se esperaba su entrega al día del periodista, el 7 de junio. La ocupación fue llevada adelante por militares y fuerzas de seguridad, que destinaron algunas unidades a alojar grupos de tarea y otras a guardar armamento, mientras que los legítimos propietarios quedaban desposeídos a través de maniobras fraudulentas en las que participó incluso el Banco Hipotecario Nacional.
Los abusos no se limitaron a la usurpación: varios dirigentes y asociados fueron perseguidos, detenidos ilegalmente y desaparecidos en el marco de un plan sistemático de represión. El presidente de la cooperativa debió exiliarse en Francia ante las amenazas contra su vida, mientras procesos de persecución y tortura avanzaban en la región. La causa además da cuenta de que otros involucrados en los hechos han fallecido o se encuentran incapacitados para enfrentar el proceso.