La Paz se vio nuevamente sacudida por protestas violentas en las que manifestantes intentaron avanzar hacia la Plaza Murillo, epicentro del poder político boliviano, custodiada por un fuerte despliegue policial y militar. Frente a la resistencia de las fuerzas de seguridad, que utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, se registraron enfrentamientos que dejaron al menos un herido y alrededor de 90 detenidos.

Las movilizaciones fueron lideradas por organizaciones sindicales y grupos vinculados al expresidente Evo Morales, quienes rechazaron el llamado al diálogo impulsado por el Gobierno. Los manifestantes usaron petardos, piedras, palos e incluso explosivos rudimentarios para intentar romper el vallado que protege la Casa de Gobierno y el Congreso.

La Fiscalía General del Estado ordenó la detención de Mario Argollo, dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB) y uno de los principales organizadores de las protestas, luego de denuncias presentadas por el Ministerio de Gobierno y tras un informe policial e inteligencia. Esta medida se enmarca en el despliegue de un operativo de seguridad para controlar los puntos conflictivos en la capital y zonas aledañas.

El conflicto comenzó hace dos semanas con demandas salariales de sectores sindicales, vecinales e indígenas que derivaron en exigencias de renuncia al presidente Rodrigo Paz, quien lleva pocos meses en el poder. Además de las protestas en las calles, se registraron bloqueos de rutas clave que complicaron el abastecimiento de combustibles, alimentos y medicamentos, afectando a varias regiones del país.

El Gobierno alertó sobre la presencia de grupos armados entre los manifestantes, señalando que algunos sectores recurrieron al uso de armas. El vocero presidencial vinculó estos actos a facciones radicalizadas como los “Ponchos Rojos”, una agrupación campesina aimara cercana a Evo Morales, lo que alimentó temores de un posible enfrentamiento de mayor escala.

Las autoridades mantienen una estricta vigilancia en torno al Palacio de Gobierno y el Congreso para prevenir nuevos episodios violentos, mientras la crisis política y social sigue profundizándose en Bolivia.