El patrimonio del funcionario y legislador electo Manuel Adorni quedó nuevamente bajo la lupa judicial tras la declaración de un vecino que alquiló su propiedad en el country Indio Cua. José Luis Rodríguez informó ante la fiscalía que el funcionario le pagó en efectivo un total de 21.000 dólares por un contrato de locación que abarcó un año y medio.
Este testimonio amplía detalles previos aportados por otro contratista, Matías Tabar, quien mencionó un acuerdo por 13.000 dólares. Rodríguez aclaró que antes de ese contrato formal existió un alquiler inicial por dos meses por 5.600 dólares, y que tras finalizar el contrato principal, la estadía se extendió tres meses más por un valor adicional de 2.400 dólares, sin formalizar un contrato para esa prórroga.
La falta de un contrato firmado en la última extensión agrega un elemento de incertidumbre en la investigación, que busca esclarecer movimientos patrimoniales y financieros vinculados a Adorni y su entorno. La pesquisa judicial, encabezada por el fiscal Gerardo Pollicita y que tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo, analiza denuncias que apuntan a un incremento patrimonial que no se correspondería con sus ingresos declarados.
Entre los aspectos en examen están propiedades en countries, gastos en dólares, viajes al exterior y remodelaciones pagadas en efectivo, además de movimientos financieros poco habituales para la Justicia. La oposición ha requerido explicaciones sobre la evolución del patrimonio de Adorni desde su ingreso al Gobierno nacional.
Tras prestar declaración, Rodríguez salió de la fiscalía escoltado por un agente de la Policía Federal, lo que refleja la sensibilidad del expediente, que incluye también la autorización para levantar el secreto fiscal y bancario tanto del funcionario como de su esposa.