La Cámara de Diputados convocó una sesión especial para discutir el llamado “Súper RIGI”, un régimen diseñado para incentivar inversiones significativas en actividades tecnológicas e industriales estratégicas que aún se encuentran en etapas experimentales en el país.

Esta propuesta complementa el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobado anteriormente, pero con un enfoque más restringido, destinado exclusivamente a proyectos que no hayan alcanzado desarrollo comercial. Entre los sectores especificados se destacan inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología, infraestructura digital, fabricación de baterías de litio, hidrógeno de bajas emisiones, pequeños reactores nucleares, vehículos eléctricos, petroquímica avanzada y tecnología aeroespacial.

Para formar parte del «Súper RIGI», las inversiones deberán superar los 1.000 millones de dólares y ejecutarse mediante vehículos de proyecto específicos. El régimen ofrece reducciones significativas en el Impuesto a las Ganancias, con una tasa especial del 15%, amortización acelerada de inversiones y exenciones en derechos de importación y exportación para los bienes relacionados con los emprendimientos. Además, garantiza estabilidad fiscal y normativa por un plazo de 30 años y facilita el acceso al mercado cambiario.

Otra característica del proyecto es que provincias y municipios deberán adherir expresamente para que las iniciativas que se desarrollen dentro de sus territorios puedan acceder a estos beneficios. Las empresas que ya integran el régimen RIGI tradicional no podrán transferirse automáticamente a esta nueva modalidad.

El Gobierno sostiene que esta medida busca crear un marco competitivo para atraer inversiones vinculadas a industrias de avanzada, fomentar la exportación de tecnología y promover el empleo calificado en sectores innovadores.

En paralelo al debate del «Súper RIGI», la Cámara de Diputados avanzó con otra iniciativa clave para el Ejecutivo: la autorización para cancelar una deuda de 171 millones de dólares con dos fondos acreedores que habían mantenido litigios por bonos impagos desde 2001. Este proyecto, que ya recibió media sanción en el Senado, obtuvo dictamen pese a la oposición dentro de Unión por la Patria.

Ambas propuestas forman parte de la estrategia oficial para fortalecer la integración del país en los mercados internacionales y potenciar la llegada de capitales extranjeros. Se prevé que sean sometidas a votación en una sesión especial programada para fines de julio.