El presupuesto destinado a las universidades nacionales se redujo notablemente desde que Javier Milei asumió el gobierno, afectando con dureza a la Universidad de Buenos Aires (UBA). En términos del Producto Interno Bruto (PIB), el financiamiento cayó de representar 0,72% a apenas 0,47%, un nivel mínimo en la historia democrática del país. Este recorte presupuestario tiene consecuencias directas en las condiciones laborales y salariales de los docentes universitarios.
El salario de los profesores muestra una caída significativa en su poder adquisitivo que supera el 35% desde el inicio de la nueva gestión. La recomposición salarial necesaria para equiparar los ingresos a valores de fin de 2023 supera el 50%. Así, un docente con dedicación exclusiva y máxima categoría apenas supera por poco la canasta básica para una familia tipo, mostrando la precariedad de los ingresos en el sector académico.
Ante esta situación, más de 10.000 docentes renunciaron a sus cargos en universidades nacionales, generando una crisis de recursos humanos que afecta particularmente a la UBA. Las áreas de Ciencias Exactas, Ingeniería, Agronomía y Veterinaria se encuentran entre las más golpeadas, con cientos de renuncias recientes. Por ejemplo, en Exactas e Ingenierías se pierden docentes e investigadores de alta calificación prácticamente a diario, muchos de ellos optando por emigrar a universidades del exterior. También reportan pérdidas significativas colegios preuniversitarios vinculados a la UBA, como el Nacional Buenos Aires y Carlos Pellegrini.
Los registros oficiales no logran captar el nivel de empleo informal que docentes deben buscar para complementar sus ingresos, incluso en sectores como las plataformas digitales de servicios. La falta de datos precisos, sin embargo, es reflejo del deterioro salarial y la necesidad de ingresos adicionales para sostener un nivel de vida básico.
En cuanto al manejo del presupuesto, se destaca que las universidades continúan presentando sus rendiciones de cuentas ante la Auditoría General de la Nación y el Poder Legislativo, aunque persisten cuestionamientos y pedidos de auditorías más exhaustivas por parte de distintos sectores, que denuncian opacidad y deficiencias en el control de los recursos públicos asignados.